Desde 2018, Escobar tiene un convenio por el servicio de registro de fotomultas con la empresa Secutrans, presidida por el cuestionado empresario Leandro Camani.

Es conocido el historial oscuro del empresario en casos que lo ligarían al tema vial y al control en boliches porteños; con dos muertes incluidas por un hecho de negligencia.

A pesar de estos antecedentes la municipalidad bonaerense mantiene vigente el contrato por fotomultas para el distrito.

Fuentes oficiales del municipio explicaron que “luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2017,  determinó que ciertos municipios debían tener radares para el control de velocidad, Escobar llamó a licitación pública y abierta. Se eligió Secutrans porque la propuesta era la más beneficiosa. La empresa sigue operando en el municipio desde 2018”.

Las empresas del sector vienen denunciando que existiría un modelo “armado” de desacreditación de otras empresas por parte de Secutrans; con el único fin de quedarse con el sistema de fotomultas en los distritos.

Creen ver en Escobar la misma modalidad utilizada en la Municipalidad de Capitán Sarmiento.


En esa oportunidad, Camani habría cambiado su hoja de cotización al ver que su competidor presentaba mejores precios. Tal como lo publicó el portal Letra P, consideran que por su injerencia la licitación se anuló y su empresa obtuvo el contrato en un segundo llamado.

Otras irregularidades se habrían constatado en la municipalidad de  San Antonio de Areco donde se le rescindió a Secutrrans otro contrato, a fines de 2018. Al tiempo que ingresaba a Escobar.

Los antecedentes en operaciones y actos irregulares se habrían iniciado en la participación de Camani en un resonante caso: La tragedia de Beara; la muerte de jóvenes  en un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este hecho fatal fue investigado por el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla, quien obtuvo la grabación de una serie de conversaciones en donde Camani se habría adjudicado ser el artífice de la habilitación ilegal de Beara, tal como lo expresa una nota del diario  La Nación del 10 de septiembre de 2018.

El dueño de Secutrans S.A. tiene además como antecedente el haber estado involucrado en el año 2011 es una red de “servicios” para dueños de boliches.

En esa oportunidad, se le allanó su domicilio y se le concedió la eximición de prisión a cambio de una caución de 250 mil pesos sobre sus bienes.


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