El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un nuevo ajuste de las tarifas de los peajes de las autopistas.

Según el Conaduv (Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial) dicho aumento sería del 33% en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el Corredor Vial del Atlántico (Autovía 2, Ruta 11 y conexas) y para avalarlo, el gobierno provincial ya convocó para marzo dos audiencias públicas no vinculantes (es decir que, en la práctica, no tienen ningún valor).

La misma institución señala que "los argumentos esgrimidos por el poder concedente son: la inflación, los aumentos de costos operativos, y restablecer la ecuación económica-financiera del concesionario". Si estas son las razones, la pregunta es: ¿quién se preocupa por el incremento en los costos y la ecuación económica-financiera de los usuarios de dichos tramos? ¿No deberían hacerlo nuestros representantes?

Este verano además dejó expuesta la precaria infraestructura vial del mencionado corredor del Atlántico, que colapsó todos los fines de semana por una razón muy simple: no es adecuado (a escasos kilómetros de la capital nacional) para el parque automotor que existe en nuestro país.

En pleno siglo XXI cobrar peajes onerosos por rutas de una sola calzada o autovías de solo dos manos (no autopistas de vías múltiples), sin banquinas asfaltadas, angostas y peligrosas, solo tiene un afán recaudatorio; nada tiene que ver con la seguridad vial o un servicio de calidad.