Cada año, entre 120 y 150 menores fallecen en siniestros viales viajando en motocicleta, y uno de cada cuatro sobrevivientes queda con secuelas permanentes.

Así lo señalan los datos recopilados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en conjunto con el Hospital Garrahan durante el año 2024. La información surge de un estudio publicado por el Observatorio Vial Nacional en el sitio oficial del gobierno argentino.

La costumbre de trasladar menores en moto sin condiciones de seguridad mínima se repite en muchas provincias. Solo el 18,2% de los chicos transportados en dos ruedas utiliza casco, según detalla el último informe actualizado del Observatorio Vial de la ANSV. El resto viaja desprotegido, en brazos o parado, sin protección alguna. Este hábito, asegura el informe, está arraigado en la falta de controles, una baja percepción del peligro, desigualdad social y la normalización del riesgo.

Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Misiones registran las cifras más altas en esta problemática. En estas provincias, más del 40% de las motos circulan con al menos un menor a bordo, en muchos casos sin ningún tipo de casco o seguridad, de acuerdo a los relevamientos de la ANSV y campañas de control realizadas durante el primer semestre de 2025.

La seguridad vial infantil está acompañada de múltiples barreras, muchas de ellas de índole económica. Un casco infantil homologado cuesta entre $20.000 y $35.000, un monto que para muchas familias resulta imposible de afrontar. Ante esta realidad, algunos municipios implementaron la entrega de cascos gratuitos destinados a padres en situación de vulnerabilidad. Ejemplos de estas políticas públicas se observan en ciudades como Resistencia, La Banda y Posadas. No obstante, el alcance de estas iniciativas permanece acotado y la demanda supera a la oferta.

 Frente a este contexto, distintas organizaciones no gubernamentales y reparticiones estatales impulsaron este año la campaña "Regalale un casco, no un susto", orientada a instalar el uso del casco infantil como un acto de responsabilidad adulta y una necesidad colectiva. El mensaje, dirigido especialmente a los padres y responsables, busca modificar hábitos y concientizar sobre la importancia de la prevención. La campaña se apoya en el concepto de que la seguridad infantil no abarca solo cuestiones emocionales o educativas, sino también aspectos físicos y cotidianos vinculados a la movilidad.