Detrás de una ordenanza municipal que organiza el estacionamiento, una licitación polémica y la represión a cuidacoches, emerge la figura de Leandro Camani, un empresario que ha construido un imperio sobre la recaudación de fotomultas y que hoy se perfila como posible beneficiario de un negocio millonario en Quilmes.

El conflicto, que dejó heridos con balas de goma y una tensión política extrema, desnuda una profunda fractura entre Juan Grabois y Mayra Mendoza, y reabre el debate sobre para quién se diseñan las políticas de seguridad vial.

La escena del lunes frente al Concejo Deliberante fue caótica: gases, disparos de balas de goma y trabajadores de la economía popular resistiendo el desalojo. Pero el epicentro real de la tormenta estaba dentro del recinto, donde se aprobaba a contrarreloj la licitación de un "Plan de Ordenamiento Vehicular". Para las organizaciones sociales, el texto no era neutral: estaba "diseñado a medida" para empresas del rubro, especialmente para las vinculadas a Camani, a quien señalan como el "zar de las fotomultas".

Leandro Camani opera a la sombra de la seguridad vial bonaerense. A través de Secutrans S.A., controla una red de aproximadamente 1.500 cámaras en una decena de municipios, desde La Matanza hasta Mar del Plata. Su modelo de negocio, sin embargo, arrastra serias cuestiones. Datos judiciales y periodísticos revelan que 7 de cada 10 infracciones que labra su sistema son anuladas posteriormente por vicios técnicos o formales, un proceso que satura los juzgados de faltas y genera un costo enorme para los municipios y los ciudadanos.

La sombra es aún más alargada: la Justicia lo investiga por el presunto desvío de $1.900 millones recaudados mediante fotomultas. Este historial convierte la licitación quilmeña en un asunto de máxima sensibilidad. No se trata solo de ordenar el estacionamiento, sino de entregar la gestión y la recaudación a un actor con un prontuario judicial abierto.