El presidente de la AFA y titular de CEAMSE denunciò que empresarios y operadores del sistema de control de tránsito buscaron presionarlo tras negarle la autorización para colocar y renovar cámaras en rutas, accesos y predios a cargo del organismo que conduce.

En la presentación, Tapia apunta directamente a Leandro Camani, titular de Secutrans S.A., como el eje de la maniobra: habría pedido habilitaciones para instalar equipos con fuerte impacto económico y, ante la negativa, se habría pasado a amenazas.

Según el escrito, la presión incluyó mensajes intimidatorios y la activación de denuncias penales —entre ellas la ligada a la llamada “casa de Villa Rosa”, firmada por Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— como mecanismo de retaliación. Tapia asegura contar con dos testigos presenciales que, por seguridad, pidieron declarar en reserva.

La denuncia no se limita al plano judicial: describe una campaña mediática coordinada para exponer y desprestigiar, con filtraciones de expedientes, filmaciones con drones sobre domicilios y difusión de información reservada en redes y programas televisivos. En ese entramado, se menciona a la productora Red Cube, vinculada a Camani, como facilitadora de un relato público que habría servido para presionar políticamente.

El caso abre otra arista sobre las controversias en torno al negocio de las fotomultas, ya salpicado en causas anteriores que involucraron a figuras políticas provinciales. Tapia reclama que las maniobras constituyen un sistema coordinado de intimidación para forzar la concesión de negocios relacionados con el control de tránsito, y la causa ahora busca determinar responsabilidades y vínculos entre los imputados y los operadores mediáticos que habrían amplificado la operación.

Claudio “Chiqui” Tapia se presentó ante el Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro y la UFI N°3 como damnificado en esta causa que investiga una trama de extorsión vinculada al negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires.